miércoles, 17 de abril de 2013

Cuauhtémoc, la ciudad con más desaparecidos en Chihuahua

“Dijeron que había sido una equivocación. Por suerte me soltaron… Me dejaron en una de las salidas de Cuauhtémoc y de ahí caminé hasta encontrar ayuda… Era como una bodega o a un lugar muy amplio porque se oían muchas voces, gritos, llantos…”, relata una de las víctimas de desaparición en Cuauhtémoc -ciudad ubicada al noroeste del estado-,    quien sobrevivió con la advertencia de no denunciar ni contar a su familia lo sucedido.


Es un hombre joven, quien fue llevado por la fuerza por un comando armado, cuando fue a lavar su carro. Está seguro de que el lugar a donde lo llevaron no está fuera de la ciudad o es un lugar muy cercano por el tiempo que recorrieron. Lo ataron de ojos y manos. Al llegar, también le ataron los pies.


Durante el trayecto lo amenazaron con no poner resistencia porque le iría peor. Durmió dos noches en aquel lugar frío y al parecer muy amplio. Obedeció todas las indicaciones, sólo le daban agua y no podía ir al baño.

Las fuerzas regresaron a él cuando llegó otro hombre, al parecer uno de los jefes. “No es él imbécil”, escuchó aquella frase entre alivio y terror. Estaba seguro que lo matarían, pero no fue así. Hoy piensa que tal vez fue que colaboró con portarse bien o su fe en Dios, lo que le permitió salvarse.

Al siguiente día, atado aún de pies, manos y ojos, fue llevado hacia una de las entradas de la ciudad que se ubica en la entrada a la Sierra Tarahumara, al noroeste del estado. Le desataron los pies.

Sin pensar, salió de la ciudad, huyó y dejó trabajo, familia y amigos. Tardó casi dos años en regresar y sólo lo hizo de visita. “Nada vuelve a ser igual. Ni la familia ni los amigos recuperan la tranquilidad. Son muchos casos, muchas familias afectadas, no sé cuántas”.

Un mando militar, quien pidió no ser mencionado, asegura que saben de casos de personas que se han llevado por la fuerza, los emplean en la siembra y producción de droga, marihuana o amapola en la Sierra. Prefieren adolescentes o jóvenes. Son muy pocos los que han regresado y son menos los casos de desaparición que se denuncian.

En aquella región opera y manda el grupo delictivo La Línea, que desde hace alrededor de dos años, se unió a los Zetas, han advertido los militares en diferentes ocasiones, como en enero pasado, cuando decomisaron dos camiones de diésel que proviene de Nuevo León y es utilizado de manera clandestina para actividades agrícolas, explicó en esa ocasión el comandante del Segundo Batallón de Infantetía, Luis Valentín Iglesias Solórzano.

La desaparición es el delito más secreto, más silencioso que se registra en el estado de Chihuahua y Cuauhtémoc es el municipio con mayor número de casos por lo menos de los que se sabe, advierte Luz Estela Castro Rodríguez, directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), que lleva por lo menos tres casos de desaparición forzada que incluyen a familias completas.

Para las autoridades, Cuauhtémoc es la ciudad más segura y próspera del estado. Ahí nadie habla, todos callan porque no hay quien desconozca algún caso de desaparición, de asesinato o secuestro, pero nadie lo dice porque los miembros de la delincuencia organizada, campean por las calles con total impunidad.

“El Cedehm ha denunciado y acompañado a víctimas. Hemos dicho que en ciudad  Cuauhtémoc, la Fiscalía tiene abiertos varios expedientes de desaparición forzada especialmente”, dijo Luz Estela Castro.

Advirtió que no basta con tipificar la desaparición forzada y puso como ejemplo el caso de José Rosario Hernández Domínguez, quien a los 45 años fue desaparecido el 23 de octubre del 2011, por el agente de Vialidad Pablo Isaac Macías Navarrao, quien lo infraccionó, lo detuvo y nadie supo más de su paradero. Las autoridades sólo regresaron el automóvil a la familia.

Después de dos años de la desaparición, lograron que las autoridades iniciaran una audiencia penal en contra de un agente. Una juez lo vinculó a proceso para iniciar la investigación penal, pero posteriormente lo liberó porque consideró que no había elementos suficientes para culparlo, a pesar de los testigos que vieron cuando se lo llevó, porque dos amigos estuvieron presentes.

Castro Rodríguez dio a conocer que después de que absolvieron al agente, pidieron la apelación, pero el Ministerio Público se negó a promover el recurso de casación. “Por eso decimos que el tema tiene que ver con voluntad políticas, porque esas actitudes sólo provocan más impunidad”.

Calificó como política de simulación la que han empleado las autoridades en el tema de desaparecidos. “Es una política de simulación reiterativa, no sólo en Juárez, también en Cuauhtémoc. No hay nada de investigación y las familias están en desamparo".

Esto, a pesar de que la mayoría de los casos son de desaparición forzada, tienen identificados a los agresores, que son: policías municipales, federales, seccionales, militares o agentes de vialidad.



CEMENTERIOS CLANDESTINOS




Foto tomada del Diario.mx



Las cifras de la Fiscalía General del Estado, que no reflejan las desapariciones reales, porque la mayoría no son denunciadas por miedo y amenazas, de acuerdo con líderes sociales, entre ellos el sacerdote Camilo Daniel Pérez y Tomás Ruiz, del Consejo Supremo de Pueblos Tarahumaras.


Por lo menos tres zonas de Cuauhtémoc han sido señaladas por organizaciones civiles, ciudadanos o autoridades, como panteones clandestinos, donde se han encontrado cuerpos de personas asesinadas. El tema es hermético para las autoridades, que sólo se limitan a declarar lo elemental y han caído en contradicciones de fechas y cifras.

Esas zonas son cercana a la ciudad de Cuauhtémoc: el ejido 6 de enero y el rancho Dolores, del mismo municipio y un rancho ubicado cerca de Cusihuiriachi, que limita con Cuauhtémoc.

Esa  situación, llevó a familiares de personas desaparecidas, a caminar cien kilómetros, de Cuauhtémoc a Chihuahua,  para exigir a las autoridades que les den resultados de los estudios de las fosas. La caminata la realizaron familias completas, incluidas mujeres y hombres adultos mayores, niños y niñas, en el marco de las “Jornadas por la justicia”, del 3 al 5 de febrero pasado.

Y es que el 20 de octubre del 2011, la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer el hallazgo de restos óseos humanos calcinados en un paraje del rancho de Dolores, en el municipio de Cuauhtémoc. Fue por una llamada anónima como se enteraron de las fosas.

Aquel año, aseguraron que podían corresponder a seis cuerpos, pero ahora dicen que no tienen aparato especializados en aplicar estudios de ADN a cuerpos incinerados. No tienen idea de cuántos cuerpos están hablando. En el lugar encontraron casquillos calibre 9 milímetros y restos de cinta canela.

Ahora, personal de la fiscalía Zona Occidente, reveló que en los laboratorios de Servicios Periciales, hay por lo menos 200 sobres con evidencia de aquel hallazgo, en una brecha del kilómetro 22 del corredor comercial menonita que va de Cuauhtémoc Álvaro Obregón. La ubicación es cerca del rancho Dolores, a unos 12 kilómetros de la carretera cerca del campo 7 y cuyo dueño de la propiedad se desconoce.

El 13 de febrero, el fiscal Carlos Manuel Salas dio a conocer que buscan 146 hombres y 22 mujeres en todo el estado, pero las cifras contradicen las de las organizaciones y las del mismo sistema Infomex.

UN ESCALOFRIANTE INDICIO

“Cuando ubicaron las fosas, en octubre del 2011, las familias (cuyos casos atiende el Cedehm), pidieron información a la fiscalía. Dijeron que los restos están muy sesgados y explicaron que iniciarían un proceso de limpieza”, explica Gabino Gómez Escárcega, encargado de los casos de desaparición en el Cedehm.

Acudió doña Emma Veleta (a quien le desaparecieron a su esposo, cuatro hijos, un nieto, un sobrino y un yerno) con su hija al lugar donde encontraron las fosas. “Les dieron información verbal nada más, por porque la fiscalía no tenía la tecnología necesaria. Les planteamos contratar mejor tecnología desde entonces”, indica Gabino Gómez.

Semanas después, las familias Muñoz (familiares de Emma Veleta), de José Rosario y da otra familia que tiene desaparecidos cuatro familiares y que ha preferido permanecer en el anonimato por amenazas, fueron llamadas por las autoridades de nuevo.

“Les informaron que la PGR tomó pruebas del perfil genético y la fiscalía les da a conocer las diapositivas tomadas en el lugar y el trabajo realizado. Luego las llevaron al C-4 para que vieran  las evidencias metálicas que no se pueden quemar, les mostraron muchos objetos: lentes, hebillas, muchas piezas metálicas, pero no reconocieron nada, dijeron que iban hacer una limpieza de las piezas”.

Aquella ocasión sólo fueron la familia Muñoz y Hernández, explica Gabino Gómez. Fue hasta noviembre del 2012 cuando terminaron de limpiar las evidencias de metal y las llamaron de nuevo a las familias.

“Eso fue los últimos de noviembre, después de más de un año. Sólo doña Emma reconoció una hebilla, que parece ser que es de Toribio (Jaime Muñoz González, de 61 años). La reconoció por que tiene dos caballos  como característica muy particular”.

Ante la impotencia de no tener  la certeza de la cantidad y la identidad de los restos calcinados, las familias formalizaron su petición a través de un oficio para exigir a la fiscalía que contrate un laboratorio Bode Technology, localizado en Virginia, Estados Unidos o bien, que busquen al laboratorio que se hizo cargo de identificar a las víctimas del atentado de las Torres Gemelas.

“La principal demanda de la caminata fue esa: que envíen las muestras de los restos a uno de esos laboratorios, porque después de un año cuatro meses, no hay nada”, advierte Gómez Escárcega.

Luz Estela Castro explica que piden que crucen los datos con las pruebas de ADN de las familias. “Lo que pedimos es que hagan su trabajo, son casos de desaparición forzada, hay expedientes de los casos donde se señala específicamente a policías, militares, agentes de vialidad y para hacer el trabajo hay parámetros de la ONU y de la OEA”.

Fuentes extraoficiales de la Fiscalía revelaron a un medio local, que en los laboratorios de Servicios Periciales hay aproximadamente 200 sobres que contienen evidencias presuntamente humanas que fueron aseguradas en octubre del 2011.



Los restos óseos se encontraban en montículos entre cenizas y, pese a los estudios que han realizado expertos en medicina forense, locales y extranjeros, la autoridad no ha dado a conocer el número de las víctimas ni establecido sus identidades.



La autoridad había informado que los restos se ubicaron cerca del Rancho Dolores, que se localiza en una brecha del kilómetro 22 del corredor comercial Cuauhtémoc-Álvaro Obregón, a unos 12 kilómetros de la carretera.

La entrada a ese rancho se ubica en el kilómetro 24, de la carretera, en el camino que conduce al Campo Siete. Esa propiedad está a unos 500 metros del arroyo donde estaban los restos.



De ese rancho sale un camino que conduce hasta la orilla del arroyo donde ocurrió el hallazgo y en el lugar, apartado de las escasas viviendas, aún se encuentran restos de las cintas de acordonamiento que puso la Fiscalía cuando hizo el levantamiento de los fragmentos.


HAY 526 CASOS VIGENTES DE PERSONAS DESAPARECIDAS EN EL ESTADO, NO APARECEN EN LA LISTA POR LO MENOS 37 PERSONAS

El fiscal general Carlos Manuel Salas, dio a conocer el 13 de febrero, que buscan a 146 personas con reporte de desaparición entre el 2011 y 2012, en todo el estado; 22 son mujeres, dijo.

Sin embargo, de acuerdo con el Sistema Infomex en el folio UIFGE-028-2013094932012, indica que son 280 hombres los que desaparecieron en el 2012 y 6 mujeres.  De 1997 al 2012, hay 526 reportes de desaparición en el estado, 419 hombres y 107 mujeres. Pero en el desglose por zona, de casos de mujeres con reporte de desaparición vigente, la cifra aumenta a 212. Las edades de las personas desaparecidas van desde los 6 a los 65 años.

En el 2011 fueron 21 hombres desaparecidos, tres mujeres, aunque los casos de los ocho hombres de la familia Muñoz no aparecen; tampoco está José Rosario Hernández, ni Iván Villalba Sinaloa (desaparecido a sus 33 años en abril del año pasado), tampoco aparecen los cuatro integrantes de la familia Ibarra Rascón desaparecidos en el 2011, sólo de los desaparecidos en  Cuauhtémoc.

Este año, continúan las desapariciones y por lo pronto, no aparecen en las listas, diez personas que desaparecieron en el municipio de Urique y que tenían relación con la mina Dia Bras Exploration de México.

El sacerdote Camilo Daniel Pérez, informó durante la caminata de las “Jornadas por la justicia” en febrero pasado, que en Cuauhtémoc se registraron por lo menos cien casos de personas desaparecidas en ese municipio durante 2011. Habló  sólo de los que tienen expediente en la Fiscalía Zona Occidente, porque muchos se niegan a denunciar por miedo o precaución.

En enero pasado, el director de Servicios Periciales, Daniel Jaramillo Vela, informó que tienen 59 perfiles genéticos femeninos en todo el estado, que corresponden a mujeres asesinadas a partir de 2007 y que no coinciden con la base de datos de ADN de la FGE.


En rueda de prensa, aseguró que están en proceso de analizar otros restos que corresponden a hombres. Hasta ahora desconocen la cifra porque han dado prioridad a las mujeres.

LAS DESAPARICIONES DE INDÍGENAS




Las desapariciones de hombres y mujeres indígenas en sus comunidades, son cada vez más frecuentes, alerta Tomás Ruiz, coordinador del Consejo para la Defensa de los Pueblos Indígenas.

“En la sierra hay mucha gente desaparecida, muchas familias afectadas. La semana pasada fuimos a la V Zona Militar para llevarles casos documentados pero no nos recibieron”, informó el 5 de febrero pasado.

Los municipios que registran mayor número de indígenas desaparecidos, la mayoría hombres, son: Bocoyna Urique, Chínipas, Uruachi, Morelos, Batopilas y Guazapares. Con excepción de Bocoyna, todos colindan con Sonora o Sinaloa.

Tomás Ruiz indica que las familias les han dado a conocer que quienes se los lleva son militares o 'los malos'. "No podemos decir exactamente quién los desaparece porque es común que en la sierra ‘los malos’ (grupos delictivos) se vistan con ropa militar y además no se los llevan haciendo algo malo, ni en un plantío o algo, sino de sus casas, a la mayoría”.

Alertó que hay mucho desplazamiento, porque la delincuencia organizada quiere correrlos de sus tierras y por temor a ser desaparecido o asesinado, prefieren huir.

Dijo que en San Juanito, municipio de Bocoyna han registrado cuatro casos de indígenas que son agricultores. Sus esposas se han quedado solas desde octubre del 2012 y uno más se registró en diciembre.

En Batopilas desapareció otro hombre que también dejó familia; de Carichí desaparecieron una indígena de 15 años con su hija bebé y otra señora; en Urique registran otros cuatro hombres desaparecidos de diferentes comunidades. En el resto de los municipios son entre uno o dos casos.

“Esos son los casos de los que no han aparecido, porque hay otros que los hemos encontrado asesinados”, advierte Ruiz. “Todos son casos del 2012”.