viernes, 26 de abril de 2013

Un viacrucis, acceso a la justicia para mujeres en Chihuahua


El 13 de marzo pasado encontraron los cuerpos de dos estudiantes de enfermería al noroeste de la ciudad de Chihuahua, fueron exhibidas como lesbianas y una de ellas como delincuente. Hasta ahora no se conoce el móvil de los homicidios, pareciera que al criminalizar a las víctimas se agotó el tema.


Tania Rubí Martínez Salinas de 23 años y Tiara Arlet Mendoza Núñez de 27, estaban degolladas, fueron violadas, una de ella con objetos. Las declaraciones inmediatas de las autoridades, fueron sobre los antecedentes penales de Tania Martínez y su noviazgo pasado con un “peligroso” un líder de banda de roba carros.



De acuerdo con el expediente penal 152910, Tania Rubí Martínez estuvo detenida por el delito de robo simple de autos, del 8 de agosto de 2010 al 21 de enero del 2011. Fue sentenciada a tres años de prisión y salió bajo libertad condicional.

Lo que omitieron decir las autoridades, es que la joven  se acogió a un recurso de beneficio que se llama “criterio de oportunidad”, para obtener su condena condicional. Ese recurso consiste en colaborar con las autoridades para delatar a delincuentes involucrados en el delito de robo. En esa situación se encontraba, de acuerdo con personal de la fiscalía, lo que podría ser otra línea de investigación.

El fiscal general, Carlos Manuel Salas, se apresuró a declarar que Tania Rubí Martínez estuvo en el Centro de Reinserción Social (Cereso número 1), por robo de autos. Posteriormente agregó que era novia del líder de la banda, no dio el nombre y hasta ahora el crimen no está aclarado.

La fiscalía dio a conocer, paso a paso, cómo dieron con el motel Las Palmas e informaron que fue el lugar del hallazgo. En el lugar del crimen encontraron sábanas de un hotel y buscaron hasta encontrarlo. Cuando llegaron al establecimiento, encontraron a los empleados nerviosos y pintando una habitación manchada con sangre. También dieron a conocer un retrato hablado de un presunto culpable y   hasta ahora aseguran que “ya mero” lo aprehenden.

El tratamiento del caso en los medios, causó indignación entre la comunidad estudiantil, por la manera en que se dio a conocer la relación sentimental de ambas. Tania Rubí y Tiara Arlet Mendoza Núñez de 27 años, se conocieron en la facultad de Enfermería y Nutrición de la Universidad Autónoma de Chihuahua, a la que ingresaron en agosto del año pasado.

Tania expresaba su agradecimiento con Tiara Arlet porque la apoyaba a ser una mejor persona, así lo indicaba. Las familias de ambas las apoyaban. En su perfil de Facebook, Tania escribió: “estoy tan segura de mi persona, me siento tan feliz, tengo la mayoría de las cosas que deseo, las personas que adoro están a mi lado, mi familia es hermosa, tengo una mamá a la que amo más que a nada, Dios está conmigo quien contra mí…tengo buenos amigos, mi suegra es un amor…la quiero sólo por el hecho de traer al mundo a la mujer que quiero…”.


Eran dos jóvenes que intentaban vivir, ser felices, recuerdan sus amigos. Las autoridades de la UACh se deslindaron del caso, dijeron que los asesinatos no ocurrieron en las instalaciones del plantel.

Sin embargo, el campus número 2 de la UACh, donde se alberga la facultad de Enfermería, no cuenta con suficiente seguridad, la situación fue señalada luego del doble homicidio. Los estudiantes deben caminar unos 200 metros a despoblado, lo que incrementa el riesgo para quienes salen en la noche, pasadas las 21:00 horas. No  hay suficiente seguridad. El riesgo es latente.

La situación fue analizada y evidenciada durante el diplomado “Acompañamiento psicosocial de víctimas”, que desarrolla el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, en la intervención del psicólogo Carlos Beristáin.

Ese caso es sólo una muestra de la actitud que muestran las autoridades estatales para minimizar e invisibilizar los delitos contra las mujeres

El pasado 28 de marzo, tres mujeres que eran jefas de hogar, fueron asesinadas en una masacre donde murieron otras cuatro personas. El gobernador César Duarte sólo declaró a los medios, que ese hecho no echaría por la borda los avances en seguridad que ha tenido su administración.




MUJERES SERRANAS, NO APARECEN NI EN LAS ESTADÍSTICAS.

Una joven tarahumara de 17 años, fue violada y asesinada en el municipio de Guachochi, cerca de la presa Yáñez y del rancho El Frayle, de donde ella era originaria. Ninguna autoridad informa sobre el caso.

Pocos habitantes conocieron el caso, ni siquiera se encuentra en los registros de la Fiscalía Zona Sur.  Las autoridades municipales sólo interrogaron a dos indígenas que llevaron a la joven con unos mestizos, dijeron que estos les pidieron que le hablaran a la mujer y la llevaran hasta la camioneta donde estaban.

Los dos indígenas no supieron más. Los hombres tomaban cerveza cuando llevaron a la joven. El parte policiaco dice que la encontraron rellena con papel higiénico y sin órganos genitales. 

Sin embargo, en la fiscalía no hay datos de un hecho similar en el lapso en que ocurrió el homicidio, hace tres meses, dijo Manuel González, portavoz de la dependencia.

El caso fue conocido por un grupo de mujeres, quienes han intentado darle seguimiento, apoyan a la tía abuela de la víctima, Rosario Cruz, quien vive en otra comunidad cercana, Sawaroachi.

El viacrucis de acceso a la justicia por delitos contra mujeres, también lo vivió Ramona, una mujer de casi 80 años que fue abusada sexualmente.

Vivía sola en una casa de madera que le prestaban unos conocidos, en la cabecera municipal de Guachochi, hasta donde llegó un hombre intoxicado, así lo declaró la víctima ante las autoridades.

El agresor le tapó la boca, la golpeó en la cabeza y casi la mata, dijo.

Casi sin poder caminar porque fue golpeada,  Ramona acudió la mañana siguiente a la presidencia municipal. Ahí la enviaron a Averiguaciones Previas. Los exámenes médicos confirmaron el abuso sexual.

Una de las mujeres que da seguimiento al caso, indicó que cuando han ido a Averiguaciones Previas a preguntar sobre los avances, sólo les informan que no tienen a quién juzgar, porque no hay detenido y no hacen más.

Lo único que pudieron hacer por la víctima fue darle despensa cada mes a través del Instituto Chihuahuense de la Mujer.

La hija se hace cargo de ella, aunque el yerno no la quería porque representa una “boca más”, les dijo. Con las despensas que le dan, el hombre aceptó llevar a Ramona a su casa.
 
La información que tienen sobre el caso, es que llevan avances, pero no los pueden dar a conocer para no interferir en la investigación, indicó Manuel González.




OCULTAN OSAMENTAS, LEVANTAN SOSPECHAS DE ACTITUD DE PERSONAL DE LA FISCALÍA.

Juárez tiene historia de impunidad en el tema. El 3 de febrero pasado, un grupo de cuatro mamás de jóvenes asesinadas, pidieron a la Fiscalía Zona Norte que las llevara a colocar una ofrenda donde habían encontrado los pocos restos de Jesica Leticia Peña García, quien desapareció a los 15 años y el 29 de mayo de 2010. La joven cumpliría ese día 18 años.

Sus restos fueron encontrados en febrero del año pasado. Después de insistir, Norma Ledezma Ortega, coordinadora de la asociación Justicia para Nuestras Hijas, logró el permiso para ir.

Iban además de la María García, mamá de Jesica y de Norma, la mamá de Adriana Sarmiento Enriquez, cuyo cuerpo fue el primero en ser entregado el año pasado, luego de tenerlo dos años guardado; y Ana Trejo, mamá de Ana Beatriz Hernández Trejo, a quien le entregaron dos restos óseos en enero pasado.

El 4 de marzo, acudieron acompañadas por un equipo de agentes: “Duramos tres horas para llegar, en vehículo y otro tramo caminando, al Arroyo Naranjo, al lugar donde encontraron los restos de Jesica. Ahí pusimos ofrendas”, contó Norma Ledezma.

De regreso, pidieron ir por otro camino, las mamás se ubicaron y se dieron cuenta que las habían llevado por un camino más largo y en zigzag. Era un lugar cercano a Praxedis G. Guerrero.

Cuando caminaban de regreso, vieron un hueso por una brecha, fueron hacia allá. Encontraron ropa femenina. Norma Ledezma llamó por teléfono a los agentes que se habían adelantado para que regresaran a ver. Caminaron por el arroyo unos 25 minutos más, llegaron antropólogos de la fiscalía.

A ocho minutos hay un pueblo  al que no había ido nadie a preguntar o investigar sobre jóvenes desaparecidas y asesinadas, está muy pegado al municipio de Praxedis.

Las mamás solicitaron rastrear la zona. Uno de los casos de jóvenes desaparecidas, que tiene posibilidades de encontrarla en ese lugar, es el de Yanira Frayre Jáquez, a quien buscan desde el 16 de junio del 2010.

El 3 de marzo pasado realizaron un operativo a cargo de la Fiscalía Zona Norte. Encontraron 130 restos óseos. Utilizaron una avioneta, perro y agentes.

Norma alertó que si los casos de Juárez se desconocen u ocultan información, en la Sierra Tarahumara es aún mayor la opacidad, porque la presencia del crimen organizado vulnera aún más los derechos de las mujeres.





Minimiza el gobierno de Chihuahua intento de feminicidios y disminuye sanciones a los agresores 

Hoy, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), denunció la falta de criterio de defensor público y jueza, para castigar un caso de feminicidio.

“Juan Manuel,  le dijo a su ex pareja: ‘te voy a matar’ mientras la estrangulaba y sacó un arma frente a varios testigos. No obstante, Héctor García Aguirre de la defensoría pública de Chihuahua intentó modificar la sentencia y la magistrada Delia Holguín decidió reducir la penalidad contra el agresor, el 19 de marzo de 2013”, dio a conocer Luz Estela Castro Rodríguez, directora de la asociación.

Explica que García Aguirre debió reconocer el intento de estrangulamiento durante el juicio y acusa que lo minimizó cuando señaló que era sólo “una forma para someterla y controlarla”. 

Para el Cedehm, García Aguirre y la magistrada Holguín no actuaron con la debida diligencia porque no tomaron en cuenta  los estudios científicos que señalan que cuando una víctima está siendo estrangulada, se encuentra al borde del homicidio. Puede sobrevenir la pérdida de conciencia en tan sólo algunos segundos y la muerte en unos cuantos minutos.

“Héctor García utilizó además comentarios discriminatorios y sexistas  contra la víctima y sus defensoras, señaló que la defensora del Cedehm, que ayuda a tramitar órdenes de protección, no debería de haber estado ahí  en razón  de tratarse de una mujer de edad avanzada y no muy fuerte e insinuó que lo único que pretendía era un papel protagónico de heroína”.

El Cedehm lamentó, a través de su equipo de abogadas, que desde hace varios años, el gobierno de Chihuahua ha tenido una estrategia de culpar a las mujeres que son víctimas de delitos y violencia, en lugar de responsabilizar y desaprobar los ataques de los agresores, tal como ha venido sucediendo  desde hace más de 20 años con las declaraciones discriminatorias contra las jóvenes que han desaparecido y son asesinadas en esta entidad, particularmente en Juárez.

Señalaron que en otro caso, el juez de Garantías del Distrito Judicial Benito Juárez, sentenció en un juicio abreviado a sólo tres años a José, que intentó matar a su pareja. 

“José incendió intencionalmente la vivienda de la víctima. En el momento en que ardió en llamas la casa, se encontraban en ella la madre de la víctima y su pequeña hija. El acusado fue detenido en flagrancia. Sin embargo, las mujeres que sobrevivieron el incendio debieron esperar un año para que se realizara la audiencia de vinculación a proceso por tentativa de feminicidio y daños. La sentencia que recibió por intentar matar a una mujer incendiando la casa, donde vivía es menor a la que hubiera obtenido si se hubiera robado una vaca”.

Luz Estela Castro, directora del centro, señaló: “preocupa que los pocos casos que llegan ante un juez de intento de feminicidio sean tratados con desdén  y minimizados, enviando un mensaje de permisividad de que en Chihuahua no es grave asesinar a una mujer, o dando sentencias menores a quienes intenta matar a mujeres, a las que tendría el robo de ganado. Pareciera que el estado despliega sus recursos para negarles el acceso a la justicia a aquellas que logran sobrevivir”.